Contexto político actual
Cuando en el mundo se devela la fragilidad del insuficiente crecimiento económico mundial y en el marco de la antesala de la III guerra de rapiña imperialista, recientes hechos en la contienda interimperialista demuestran su agudización y prueban el desarrollo de la bipolaridad entre EEUU y China.
Así podemos ver que EEUU y China, pasaron nuevamente a una abierta guerra comercial, a través de las subidas arancelarias que ambos se habían impuesto, lo mismo se ha dado en la península de Corea, con marchas y contramarchas hasta que se concretó la “Cumbre Yanqui- norcoreana” donde han negociado la desnuclearización de Corea del Norte, país tras cual evidentemente se encuentra China.
Vemos también que el Medio Oriente sigue siendo un punto candente, ahí se han dado recientemente graves enfrentamientos entre palestinos e israelíes, ahí EEUU y sus aliados bombardearon Siria, ahí pende la amenaza yanqui contra Irán luego de renunciar al acuerdo nuclear, en este punto candente de guerra donde se agudiza la pugna entre EEUU y Rusia se ve la conformación de dos bloques, uno bajo la egida de EEUU y otro tras China y Rusia.
En América Latina, en la pugna por su control, EEUU, China y Rusia toman posiciones, un punto importante es Venezuela cuyo gobierno es socavado por el bloqueo yanqui y como contraparte recibe el respaldo Chino – Ruso, posiciones en contienda que se expresaron también en las recientes elecciones, a la que EEUU, países europeos de la OTAN y países alineados en el “grupo de Lima” llaman a desconocerla; mientras que China, Rusia, algunos países de América miembros de la UNASUR avalan los resultados, así en esta parte del mundo se confirma los dos bloques en pugna encabezados en un lado por EEUU y en el otro por China, corroborándose una vez más el desarrollo de la bipolaridad.
El proceso de reaccionarización
La crisis económica internacional ha llevado a que los capitalistas busquen a como dé lugar sostener su sistema de explotación y miseria, por ello emprenden una serie de políticas que buscan oprimir al pueblo, impedir las protestas populares, encarcelar al pueblo y vulnerar una serie de derechos básicos como el de sindicalización y huelga. Se hace normal el uso de los estados de excepción, se implanta leyes contra la libertad de expresión, se flexibiliza el derecho, etc.
Para analizar más a detalle este panorama, veamos someramente un Informe de Amnistía Internacional sobre las llamadas leyes antiterroristas en Europa.
La organización Amnistía Internacional analizando el panorama de leyes de apología por toda Europa sentencia: “Tras una serie de atentados, desde Paris hasta Berlín, los gobiernos se han apresurado a promulgar toda una serie de leyes desproporcionadas y discriminatorias”, “tomados de uno en uno, estas medidas antiterroristas individuales resultan suficientemente preocupantes, pero si se miran todos juntos emerge una imagen inquietante en la que poderes sin control pisotean libertades que se daban por sentadas desde hace mucho tiempo”.
¿Cómo se concretan estas medidas? Se establece continuamente estados de excepción, se aprueba una vigilancia masiva, se judicializa delitos de expresión, a la par que se vulnera derechos de refugiados y minorías (como los musulmanes). Por ello plantea Amnistía Internacional que esto configura una “nueva normalidad”, donde las leyes de excepción y otras similares son la regla.
Así concluye: “Los gobiernos de la UE están utilizando las medidas antiterroristas para consolidar poderes draconianos, atacar a grupos de forma discriminatoria y privar de derechos humanos con el pretexto de vigilarlos. Corremos el peligro de crear sociedades en las que la libertad se convierta en la excepción y el miedo en la norma”.
Casos internacionales
España
En España se está atacando la libertad de expresión. El gobierno somete a hostigamiento toda una serie de expresiones en Internet —desde letras de canciones políticamente controvertidas hasta simples chistes— utilizando las categorías generales de “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación de las víctimas de los delitos terroristas” previstas en las leyes antiterroristas de imprecisa redacción del país.
Francia
Tras los atentados de Paris en el 2016, se declaró el estado de excepción como una medida temporal, pero que continua hasta hoy, y en la cual se ha agregado medidas lesivas hacia derechos fundamentales. Estas medidas incluyen el poder de prohibir manifestaciones, llevar a cabo registros sin orden judicial y restringir severamente la circulación de personas. Bajo la figura de “seguridad nacional” se vulnera la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en Francia y otros países.
Hungría
La nueva ley antiterrorista concede más poderes al ejecutivo, como son la prohibición de reuniones públicas, congelación de bienes, así como permitir el uso del ejército con armas para reprimir protestas.
Polonia
Ante creo una nueva ley antiterrorista, donde se plantea mayores facultades en caso de estados de emergencia: prohibición de reuniones, creación de una lista de sospechosos de “terrorismo” para vigilarlos, escuchas telefónicas. Además de las continuas citaciones policiales a aquellos que participen a movilizaciones, y presión a los medios de comunicación.
Bulgaria
Se aplican medidas contra los que causan “terror” sin necesidad de autorización judicial y sin ningún tipo de garantía procesal. La decisión de limitar derechos fundamentales no lo toma un tribunal independiente. Todos los medios de comunicación están obligados a difundir de forma inmediata lo que reciban del gobierno.
Pero todo ello no solo ocurre en la Unión Europea, sino que es uso extensivo a nivel mundial, Turquía, Japón, Rusia, China, Chile, etc. Por ejemplo, en Chile, se aplica una Ley Antiterrorista en el conflicto mapuche, en la cual se persigue a dirigentes mapuches, y se los procesa sin ningún tipo de garantía procesal. O en Turquía que, bajo el pretexto de un supuesto golpe de estado, se encarcelo a opositores políticos a Erdogan sin ningún tipo de proceso, y especialmente contra los kurdos, a los que los somete a una legislación antiterrorista.
Y todo ello tiene una base legal que se denomina derecho penal del enemigo, donde se considera no ciudadano y sin derechos a los que se oponen a los planes del Estado.
