martes, 1 de octubre de 2019

¡POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN CON EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO!


En la actual coyuntura política, nos reafirmamos en nuestra posición de bregar por una Nueva Constitución con el pueblo y para el pueblo, que sirva al desarrollo de la nación peruana y al desarrollo del camino de nuestro pueblo.

01/10/2019 MOVADEF

lunes, 16 de julio de 2018

Presentación ¡Abajo el plan de encarcelar al MOVADEF!


En circunstancias cuando acecha más la persecución política y montan planes para aherrojar a nuestros dirigentes y activistas tras las rejas de la ignominiosa mazmorra reaccionaria, soñando con desaparecer nuestra organización, extendemos más nuestros lazos con nuestro querido pueblo a través de este pequeño folleto, donde sintéticamente describimos la política persecutoria contra el  MOVADEF, persecución que hoy extienden a otros sectores del pueblo.
La negación de derechos fundamentales que se da a nivel planetario, retrotrae en nuestras mentes los momentos oscuros que la humanidad ha vivido, aciagos momentos de persecución inquisitorial, macartistas y fascistas superados por la lucha de los pueblos y que hoy no se condice con los avances alcanzados por la brega del proletariado y la humanidad.
Sin embargo, actualmente, se extienden políticas negadoras de derechos fundamentales, en diversos confines de la tierra, se vulnera cada vez más derechos consagrados en cartas constitucionales, se atenta contra el primordial derecho a la vida, al bienestar del pueblo, se cuestiona derechos como a la participación política, a la organización, al trabajo, a la libertad de pensamiento, expresión, opinión, entre otros. ¿Que se expresa? Una mayor reaccionarización de los Estados concretados en leyes lesivas, persecución, criminalización, represión y toda una serie de campañas contrarrevolucionarias y antipueblo, se ha dado una metamorfosis del derecho penal, el garantismo ha sido sustituido por el derecho penal del enemigo, un derecho que niega a la persona misma.
En nuestro país, en casi 30 años de neoliberalismo, la reaccionarización del Estado se plasma con la negación de derechos, conquistas, beneficios y libertades democráticas que el pueblo conquistó con arduas jornadas de lucha; la persecución se concreta con campañas negras montadas para estigmatizar, negar derechos fundamentales y enjuiciar a quienes discrepan del sistema de explotación capitalista, un ejemplo son los juicios que el  MOVADEF afronta: el caso Perseo, juicio por apología al terrorismo, otro es, la inhabilitación perpetua de los ex detenidos políticos, o la apertura de farsa de juicios para lapidar y enterrar por siempre en prisión a prisioneros políticos a quienes se les aplica el derecho penal del enemigo. Pero además se encarcela a dirigentes sociales y populares o a la población que protesta, eso se está viendo actualmente
En estas circunstancias ponemos en tus manos, este folleto, llamándote a defender juntos los derechos fundamentales, a bregar por la democratización de la sociedad peruana sirviendo al desarrollo del camino del pueblo por un mañana diferente, de armonía y libertad.

Desarrollar el camino del pueblo.
Julio de 2018

Contexto, reaccionarización política a nivel internacional


Contexto político actual
Cuando en el mundo se devela la fragilidad del insuficiente crecimiento económico mundial y en el marco de la antesala de la III guerra de rapiña imperialista, recientes hechos en la contienda interimperialista demuestran su agudización y prueban el desarrollo de la bipolaridad entre EEUU y China.
Así podemos ver que EEUU y China, pasaron nuevamente a una abierta guerra comercial, a través de las subidas arancelarias que ambos se habían impuesto, lo mismo se ha dado en la península de Corea, con marchas y contramarchas hasta que se concretó la “Cumbre Yanqui- norcoreana” donde han negociado la desnuclearización de Corea del Norte, país tras cual evidentemente se encuentra China.
Vemos también que el Medio Oriente sigue siendo un punto candente, ahí se han dado recientemente graves enfrentamientos entre palestinos e israelíes, ahí EEUU y sus aliados bombardearon Siria, ahí pende la amenaza yanqui contra Irán luego de renunciar al acuerdo nuclear, en este punto candente de guerra donde se agudiza la pugna entre EEUU y Rusia se ve la conformación de dos bloques, uno bajo la egida de EEUU y otro tras China y Rusia.
En América Latina, en la pugna por su control, EEUU, China y Rusia toman posiciones, un punto importante es Venezuela cuyo gobierno es socavado por el bloqueo yanqui y como contraparte recibe el respaldo Chino – Ruso, posiciones en contienda que se expresaron también en las recientes elecciones, a la que EEUU, países europeos de la OTAN y países alineados en el “grupo de Lima” llaman a desconocerla; mientras que China, Rusia, algunos países de América miembros de la UNASUR avalan los resultados, así en esta parte del mundo se confirma los dos bloques en pugna encabezados en un lado por EEUU y en el otro por China, corroborándose una vez más el desarrollo de la bipolaridad.

El proceso de reaccionarización
La crisis económica internacional ha llevado a que los capitalistas busquen a como dé lugar sostener su sistema de explotación y miseria, por ello emprenden una serie de políticas que buscan oprimir al pueblo, impedir las protestas populares, encarcelar al pueblo y vulnerar una serie de derechos básicos como el de sindicalización y huelga. Se hace normal el uso de los estados de excepción, se implanta leyes contra la libertad de expresión, se flexibiliza el derecho, etc.
Para analizar más a detalle este panorama, veamos someramente un Informe de Amnistía Internacional sobre las llamadas leyes antiterroristas en Europa.
La organización Amnistía Internacional analizando el panorama de leyes de apología por toda Europa sentencia: “Tras una serie de atentados, desde Paris hasta Berlín, los gobiernos se han apresurado a promulgar toda una serie de leyes desproporcionadas y discriminatorias”, “tomados de uno en uno, estas medidas antiterroristas individuales resultan suficientemente preocupantes, pero si se miran todos juntos emerge una imagen inquietante en la que poderes sin control pisotean libertades que se daban por sentadas desde hace mucho tiempo”.
¿Cómo se concretan estas medidas? Se establece continuamente estados de excepción, se aprueba una vigilancia masiva, se judicializa delitos de expresión, a la par que se vulnera derechos de refugiados y minorías (como los musulmanes). Por ello plantea Amnistía Internacional que esto configura una “nueva normalidad”, donde las leyes de excepción y otras similares son la regla.
Así concluye: “Los gobiernos de la UE están utilizando las medidas antiterroristas para consolidar poderes draconianos, atacar a grupos de forma discriminatoria y privar de derechos humanos con el pretexto de vigilarlos. Corremos el peligro de crear sociedades en las que la libertad se convierta en la excepción y el miedo en la norma”.

Casos internacionales

España
En España se está atacando la libertad de expresión. El gobierno somete a hostigamiento toda una serie de expresiones en Internet —desde letras de canciones políticamente controvertidas hasta simples chistes— utilizando las categorías generales de “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación de las víctimas de los delitos terroristas” previstas en las leyes antiterroristas de imprecisa redacción del país.

Francia
Tras los atentados de Paris en el 2016, se declaró el estado de excepción como una medida temporal, pero que continua hasta hoy, y en la cual se ha agregado medidas lesivas hacia derechos fundamentales. Estas medidas incluyen el poder de prohibir manifestaciones, llevar a cabo registros sin orden judicial y restringir severamente la circulación de personas. Bajo la figura de “seguridad nacional” se vulnera la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en Francia y otros países.
Hungría
La nueva ley antiterrorista concede más poderes al ejecutivo, como son la prohibición de reuniones públicas, congelación de bienes, así como permitir el uso del ejército con armas para reprimir protestas.
Polonia
Ante creo una nueva ley antiterrorista, donde se plantea mayores facultades en caso de estados de emergencia: prohibición de reuniones, creación de una lista de sospechosos de “terrorismo” para vigilarlos, escuchas telefónicas. Además de las continuas citaciones policiales a aquellos que participen a movilizaciones, y presión a los medios de comunicación.
Bulgaria
Se aplican medidas contra los que causan “terror” sin necesidad de autorización judicial y sin ningún tipo de garantía procesal. La decisión de limitar derechos fundamentales no lo toma un tribunal independiente. Todos los medios de comunicación están obligados a difundir de forma inmediata lo que reciban del gobierno.
Pero todo ello no solo ocurre en la Unión Europea, sino que es uso extensivo a nivel mundial, Turquía, Japón, Rusia, China, Chile, etc. Por ejemplo, en Chile, se aplica una Ley Antiterrorista en el conflicto mapuche, en la cual se persigue a dirigentes mapuches, y se los procesa sin ningún tipo de garantía procesal. O en Turquía que, bajo el pretexto de un supuesto golpe de estado, se encarcelo a opositores políticos a Erdogan sin ningún tipo de proceso, y especialmente contra los kurdos, a los que los somete a una legislación antiterrorista.
Ver así que en varios países se han propuesto o adoptado medidas antiterroristas que han erosionado el Estado de derecho, han aumentado el poder del ejecutivo, han eliminado controles judiciales, han restringido la libertad de expresión y han expuesto a toda la población a una vigilancia gubernamental sin control.
Y todo ello tiene una base legal que se denomina derecho penal del enemigo, donde se considera no ciudadano y sin derechos a los que se oponen a los planes del Estado.

Derecho Penal del Enemigo, política del imperialismo a nivel mundial


A fines de los años 80' a la Caída del Muro de Berlín y el desmoronamiento de lo que quedaba del llamado campo socialista, el imperialismo norteamericano impuso a nivel económico el neoliberalismo, y en el aspecto político toda una ofensiva contrarrevolucionaria parte del cual era la política de criminalización de luchas revolucionarias calificándolas de “terrorismo” y a sus partícipes de “terroristas”. Posteriormente, esta política se extiende a la criminalización de toda disidencia, acusando toda protesta por derechos laborales, sociales, etc., como “delitos”.
La imposición del neoliberalismo en el mundo llevó en el campo del derecho, a una metamorfosis del derecho penal que extiende el poder punitivo del Estado, negando derechos fundamentales y garantías procesales, es decir lo ha convertido en un instrumento de guerra legal para criminalizar las luchas revolucionarias y la protesta social, todo esto dentro de un Estado al que califican de “democrático” y donde el “Estado de Derecho” es puesto en cuestión constantemente por más que proclamen lo contrario. Sobre esta base material se introdujo en el mundo la tesis del Derecho Penal del Enemigo, impulsado en América Latina desde los hechos del 11 de setiembre del 2001.
Consideramos de suma necesidad comprender la naturaleza política del DPE y asumir la lucha contra este derecho; que, en nuestro país, por mandato imperialista, se viene aplicando desde la década de los 80, actualmente está siendo aplicado contra organizaciones como la nuestra y contra todas las luchas del pueblo.
Por ello, veamos que es el derecho penal del enemigo y como se viene aplicando en el mundo y en nuestro país.
1. ¿Qué es el DPE?
Los planteamientos de los juristas nazis son los antecedentes inmediatos de este tipo de derecho. El DPE es sostenido e impulsado por Günther Jakobs, quien divide a los seres humanos en ciudadanos y no ciudadanos.
Ciudadano según el autor, persona será “todo aquel que prometa de modo más o menos confiable fidelidad al ordenamiento jurídico”. En contraparte, el No Ciudadano, será quien no garantiza fidelidad al ordenamiento jurídico, y a quien se le debe privar de derechos y no se les da el trato como personas en Derecho y queda excluido.
Es decir, quien acepte y obre de acuerdo a lo que el Estado implante, de acuerdo a sus normas, su política y su sistema económico será CIUDADANO; sin embargo, quien cuestione, disiente o luche contra este sistema capitalista, se convierte en NO-CIUDADANO, a los cuales no solo hay que castigar, sino que hay que eliminar.

En consecuencia, hay un derecho penal para los ciudadanos, donde se les respeta sus derechos consagrados en las normas jurídicas; y un Derecho Penal del Enemigo para los no-ciudadanos, donde no se les reconoce ningún tipo de derecho sino solo corresponde con ellos la guerra legal.
Por otro lado, el DPE es un “derecho de aseguramiento”, y esto es porque el imperialismo pone en primer plano SU SEGURIDAD, LA SEGURIDAD DE SEGUIR MANTENIENDO SU SISTEMA a como dé lugar. Y por ello crea un derecho penal según sus intereses, para arrasar con los derechos de quienes luchen contra su dominio.
El Derecho Penal del Enemigo de Jakobs tiene 3 características:
1.1 Es prospectivo.
Se levanta la supuesta “peligrosidad del autor”.
Esto es introducir derecho penal de autor proscrito por el ordenamiento jurídico peruano.
El DPE no toma como punto de referencia el hecho o acto cometido que lesione algún bien jurídico, sino que centra en el peligro potencial o riesgo a futuro que representa el tener la condición de no-ciudadano o enemigo.
¿Quiénes son estos “enemigos peligrosos”? pues quienes discrepan de la explotación capitalista y luchan contra ella; quienes tienen ideas contrarias a los intereses del capitalismo, de sus gobiernos serviles o de las guerras de rapiña que promueven. pero además hoy este concepto de enemigos lo amplían al pueblo a quienes criminalizan su protesta y su lucha por defender sus derechos fundamentales.
Además, se estigmatiza de por vida a personas que ya han cumplido largas condenas, porque según el DPE, no han cambiado de ideas y siempre representarán un “peligro” para su sistema explotador.
1.2 Drasticidad de las penas.
¡No es un derecho para la reincorporacipon social sino para la venganza!
Las penas previstas son desproporcionalmente altas. para reprobar la peligrosidad no tiene en cuenta el daño realmente causado por el hecho, y peor aún tampoco si se ha realizado alguna afectación o peligro real de algún bien jurídico. es un derecho para la venganza y el escarmiento.
1.3 Negación o restricción de derechos y garantías
¡Todo vale contra el enemigo!
No hay garantías procesales para los no-ciudadanos, como por ejemplo el principio de legalidad o la presunción de inocencia. Los juicios ya no son procesos donde se busque probar empíricamente un delito, sino que se convierte en un proceso donde se estigmatiza al acusado cual inquisición porque se actúa con el supuesto de que es “peligroso”. Y de lo que se trata es de anularlo como persona.

El DPE es la negación de la persona, de sus derechos fundamentales y de la dignidad. Por ello, es que desde sus inicios las tesis de Jakobs fueron y siguen siendo criticadas, en España y América Latina las posiciones progresistas combaten este derecho.
2. Aplicación del DPE en el mundo
Actualmente, el imperialismo ha impuesto en el mundo y particularmente en América Latina su “guerra global contra el terrorismo”. Dándose una aplicación más amplia y extensiva del DPE, no solo contra comunistas y revolucionarios sino contra las luchas populares que rechazan la aplicación del neoliberalismo.
A continuación, exponemos como el DPE viene imponiéndose en el mundo como una nueva normalidad en el derecho penal:
a. La Prisión Estadounidense de Guantánamo.
Bush aplicó el DPE contra "naciones, organizaciones e individuos" que, según su criterio, estuviesen relacionados en cualquier modo con los atentados o con actos futuros de terrorismo internacional. Derivado de ello, se apertura una inhumana Base Militar en Guantánamo llevando alrededor de 750 personas bajo custodia indefinida sin cargos o sea sin ninguna prueba, solo sospechas. Ahí se aplicó la cancelación de todos sus derechos, aislándolos 22 horas al día, llevando a muchos prisioneros al suicidio.
b. Leyes de apología en España y Francia
El artículo 578 del Código Penal de España y el artículo 421 del Código penal francés establecen el delito de “apología al terrorismo”. Penalizan opiniones divergentes u opuestas al Estado por tacharlas de peligrosas. En España han llevado a la cárcel a ciudadanos solo por cuestionar el poder de la Corona Española.

c. Criminalización de la lucha de mapuches en Chile
Este sector del pueblo chileno por defender sus tierras y oponerse a la concentración capitalista, son catalogados como “terroristas” para reprimirlos brutalmente y encarcelarlos violando sus derechos fundamentales.
d. Legislación contra el pueblo kurdo y los revolucionarios indios.
En la India, han aplicado la severa condena a cadena perpetua a maoístas solo por participar en una huelga obrera.
De esta manera los derechos demoliberales conquistados con la revolución francesa han sido sustituido por el DPE, es la nueva normalidad.
3. la aplicación del DPE en el Perú durante la guerra interna
En nuestro país el derecho penal del enemigo se introdujo desde los años 80, el Estado peruano creó una legislación antiterrorista utilizada como arma de guerra constrasubversiva en un contexto de guerra interna. Parte de esta legislación, es el Decreto Ley Nº 25475, expedida el año 1992 por un gobierno de facto, que introduce leyes sustantivas, procesales y de ejecución penal de excepción. Esta legislación antiterrorista negó todos los derechos fundamentales y garantías procesales. Estableció el cumplimiento de condena con aislamiento celular. Suprimió los beneficios penitenciarios para los condenados. Estableció un régimen penitenciario humillante e inhumano que ha sido condenado por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además de que la campaña ideológica del Estado, machacaban la idea de que los comunistas eran “terroristas”, peligro para la sociedad el cual hay que eliminar a como dé lugar, legitimando así la aplicación del terrible DPE.
Toda esta aplicación del DPE en nuestro país fue combatida por las posiciones progresistas, lo cual llevó a que el Tribunal Constitucional reconozca en parte la inconstitucionalidad de dicha legislación, sin embargo dejaron como arma de guerra algunas de las violaciones a los derechos fundamentales y garantías en que incurre la legislación antiterrorista.
4. la aplicación del DPE contra las luchas del pueblo peruano
A 26 años de terminada la Guerra Interna queda clara dos cuestiones:
a. La llamada legislación antiterrorista, aunque ya con un país sin guerra, sigue existiendo y endureciéndose.
El Estado ha diseñado una estrategia política ilegal, inconstitucional e inhumana para impedir la libertad de los prisioneros políticos aperturando nuevos procesos penales contra quienes ya han cumplido su pena por el llamado delito de terrorismo para sepultarlos de por vida en la cárcel, violando el principio constitucional del fin de la pena y la reincorporación del penado a la sociedad. Estos son los casos de los prisioneros políticos Osman Morote y Margot Liendo.

A la vez, a los ex prisioneros políticos, se les estigmatiza, se les persigue y se les impide su reincorporación social negándoles el derecho al trabajo, a la participación política, a la libertad de pensamiento, expresión y opinión que la propia Constitución consagra. En suma, el Estado los trata como no-ciudadanos.
Al mismo tiempo, por mandato del imperialismo el Estado niega el derecho a la organización, contraviniendo el Art 35 de la carta Magna que lo reconoce. Niega ese derecho a quienes también en ejercicio del derecho disienten del sistema capitalista explotador, no consienten la pluralidad de ideas. A 26 años del término de la guerra interna siguen usando el derecho penal como arma de guerra, lo que en concreto es DPE. Y esta es la razón por el cual abrieron proceso contra nuestro dirigentes y miembros de nuestra organización, el MOVADEF. Denunciamos este negro plan que busca encarcelarnos y detener nuestro trabajo por la democratización de la sociedad peruana, por una Amnistía General para civiles, policías y militares; así como la defensa de los derechos fundamentales de nuestro pueblo arrasado por el neoliberalismo.
Está claro también que el Estado peruano para convalidar todas estas medidas represivas y violatorias de las garantías judiciales, levanta una supuesta “amenaza terrorista”, inventa un supuesto “peligro”, para lo cual cuenta con ganapanes de la pluma que se encargan de crear opinión en ese sentido y para ocultar la profunda crisis general que envuelve a la sociedad peruana. Rechazamos esta maquinación reaccionaria y en lo particular, reiteramos una vez más nuestra posición de cerrar heridas, de cerrar la dolorosa página de la guerra que vivió nuestro país para pasar a un nuevo momento, de paz, democracia y desarrollo.

b. En Segundo lugar, la aplicación del DPE se extiende a las luchas populares.
Desde la aplicación del neoliberalismo, se ha levantado toda una política de criminalización y persecución política contra el pueblo aplicando DPE.
A toda persona que participa en una lucha se le estigmatiza, persigue y encarcela. Es un no-ciudadano. Veamos su aplicación:
- Se tipifica a las luchas populares como “terroristas”. Los ejemplos sobran; en la huelga magisterial, en las protestas en el sur peruano contra la gran minería o en la lucha juvenil contra la Ley de Explotación Juvenil se levantan campañas del Estado para catalogarlas “con influencia terrorista” o con “dirección terrorista”.
- Se califica los actos de protesta como delitos penales. Por ello, se denuncia de forma sistemática a quienes participan de las protestas por los denominados delitos de rebelión, conspiración, motín o disturbios. Ya no somos ciudadanos con derecho a la protesta sino criminales peligrosos que alteramos “la tranquilidad pública”.
Asimismo también se ha utilizado la figura de ’terrorismo’ (1) para aplicar las sanciones más severas que existe en nuestro sistema penal, incluyendo la cadena perpetua.
- Se califica a convocatorias a actos de protesta como “apología al delito” y considerando a los líderes de los movimientos sociales como “instigadores”, limitando así el derecho a la libre expresión. Además se hace uso abusivo de la prisión preventiva para los luchadores sociales.
Claramente se expresa como penalizan las ideas, las inclinaciones, sin que se haya cometido aun ningún acto.
- A la par se endurecen las penas por estos “delitos”. Damos cuenta de cómo estibadores en Villa María del Triunfo llevan procesos donde el Estado pide 8 años por participar en una huelga o 35 años para dirigentes en las luchas en Apurímac o Ancash (2). También se aplica persecución a los dirigentes de las protestas populares. Ahí tenemos el caso del líder Walter Aduviri acusado de “autoría mediata” por el Aymarazo o la persecución judicial a Pedro Terrones, y a 11 dirigentes magisteriales más acusados por el ex Ministro Basombrio de formar una “banda criminal”.
- Ampliación de facultades para la policía y las fuerzas armadas en las protestas populares (3). Actualmente, en 6 departamentos hay zonas en emergencia con suspensión de derechos a los pobladores por desenvolver luchas. La policía está facultada de disparar en acciones de protesta del pueblo.
En síntesis, el derecho penal del enemigo es un arma del imperialismo y la reacción peruana contra nuestro pueblo. Con esa arma buscan frenar sus luchas, hoy que se intensifican, producto de la profunda crisis general de la sociedad. Debemos combatirla hoy, oponiéndole el derecho penal garantista.
¡Pueblo peruano! Rechacemos la mayor reaccionarizacion del Estado peruano, rechacemos la aplicación del DPE, de la criminalización y persecución política y levantemos las banderas de la lucha ¡Por la democratización de la sociedad peruana contra la explotación capitalista! Así como exigir el respeto a los derechos a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, y el derecho fundamental a la participación política y a la protesta popular, y en esa brega desarrollaremos nuestro camino, el del pueblo, hacia el socialismo.

Notas
(1) Por delito de terrorismo fueron acusado los activistas de la lucha en Majaz, 2008. Por apología a la rebelión, en la protesta en Conga, 2012.
(2) Antes, la pena por el delito contra la tranquilidad pública era de 2 años, actualmente se pide 10 años. En el tipo de delito “por extorsión” donde incluye los casos de protesta social el requerimiento de años de carcelería, desde el 2007, es de 15 a 25 años.
(3) Debemos añadir que ha sido desde el 2008 que las fuerzas armadas pueden intervenir en las protestas sin que se declare estados de emergencia, siendo esta medida inconstitucional.

Nuevos Juicios

En medio de la profunda crisis general de la sociedad peruana, hoy hay en marcha una tendencia a una dictadura abierta autoritaria y más negadora de derechos, esta tendencia tiene como base que no hay un plan económico definido, por eso el fujimorismo busca imponer el suyo manteniendo un neoliberalismo a ultranza, centrado en la minería a la cual están ligados y en la exportación de materias primas, ya no hablan de la diversificación productiva, ni siquiera plantean hacer de la agricultura una industria alimentaria. Por otro lado la crisis política no está resuelta, la salida de Kuczynski solo la ha amenguado y el gobierno de Vizcarra es un gobierno débil, de ahí que necesita coludirse, y ha decidido gobernar de la mano del fujimorismo.
Las últimas medidas económicas han llevado al alza del costo de vida, golpeando la escasa economíá del proletariado y el pueblo. Además hay un proyecto de ley del ejecutivo, para retrotraer el decreto legislativo 25475, que fue usado para la implementación de tribunales sin rostro, para juzgar a todo aquel que consideren “terrorista”, si a esto agregamos como se arman farsas de juicios contra comunistas como el caso Tarata para impedir la libertad de quienes ya cumplieron su pena, pues este caso ha sido ya juzgado y sentenciado, o los juicios contra los revolucionarios como el MOVADEF, pero han extendido esta persecución a la lucha del pueblo, ¿acaso no encarcelan a los que protestan reclamando sus derechos y contra la política neoliberal? Sin embargo las luchas del pueblo se seguirán expresando cada vez con mayor descontento y explosividad, en contraparte los que explotan en el país en función de defender su camino pondrán en marcha una dictadura abierta más autoritaria y negadora de derechos fundamentales y del pueblo.

Es así que en nuestro país, se viene aplicando el derecho penal del enemigo, es un derecho diferenciado que niega los derechos y garantías del acusado, a quien consideran “enemigo” y no ciudadano, hay una flexibilización de los principios del derecho, principalmente del principio de legalidad, hoy se viene legalizando la exclusión, empezaron contra los prisioneros políticos, siguieron los ex prisioneros a quienes se les niega el derecho a la reincorporación social, negándoles derechos políticos, sociales, laborales, también están los familiares a quienes se les niega el derecho de saber y enterrar a sus seres queridos, lo que hacen con el MOVADEF es otro ejemplo de exclusión ¿Acaso no han hecho y hacen campañas de desprestigio para que el pueblo nos rechace? Claro que sí, todos los días. La situación está en que la exclusión la van ampliando a otros sectores del pueblo, a los que luchan contra la explotación capitalista neoliberal, a dirigentes sociales que luchan por sus derechos, entre otros.

Con el caso “MOVADEF”, se pretende reavivar un contexto de guerra que ya no existe, de esa manera quieren justificar la punibilidad, la cuestión está en ver ¿Quiénes buscan eso? Y ¿Por qué? la DIRCOTE es una de los que propugna esto, porque busca justificar mayor presupuesto, y su propia existencia, pero no es solo eso, lo medular es que han inventado un “peligro permanente”, un enemigo a quien hay que destruir o tratar como un paria, ese enemigo es al que llaman “terrorista”, y los reaccionarios, los oportunistas, la prensa, se encargan de magnificar dicho supuesto peligro para desviar la atención del pueblo sobre temas centrales, como la inseguridad ciudadana, el abandono en que mantienen al pueblo por décadas, la propia corrupción enquistada en los máximas instancias del Estado, etc.
Esta es la base para los juicios que viene afrontando el MOVADEF, actualmente tres, sumado a 28 investigaciones policiales. Por ejemplo tenemos el juicio por apología contra nuestro secretario general, Abogado Manuel Fajardo y subsecretario general, abogado Alfredo Crespo. En este juicio se pretende sancionar con 12 años de prisión por dos líneas escritas en el periódico amnistía, donde dice: “El Dr. Guzmán es el más grande intelectual, filósofo, científico, marxista, leninista, maoísta de nuestra época”, pero si al contenido vamos, esta frase no exalta ni enaltece un hecho considerado terrorista, tampoco exalta o llama a la violencia, lo que expresa es una opinión sobre las características de una persona, se puede disentir de esa opinión, pero no justifica que se busque encarcelar por expresar una opinión. Es que aquí se aplica derecho penal del enemigo, nos niegan el derecho de expresión y opinión. Últimamente el Procurador y el Fiscal han recusado a los jueces de la sala que lleva el caso, porque dicen, “no han aceptado pruebas incautadas en el caso Perseo”, pero ¿cómo pueden ser aceptadas pruebas que ni siquiera han sido aún materia de juicio? Es que no les importa que se viole la ley ¿cómo pueden los representantes del Estado que deberían defender la ley, exigir que se viole la ley? Además ¿Dónde está el delito al plantear que el pueblo debe luchar por sus derechos fundamentales? Es que este Estado no quiere ninguna voz divergente, quiere que el pueblo esté sometido mientras lo ahogan en paquetazos, y más explotación ¿Es justo eso? No, por eso buscan encarcelarnos para acallar nuestra voz.
El caso que más propaganda ha tenido es el juicio que afrontamos derivado del operativo Perseo del 2014, este caso ha sido creado por Wilfredo Pedraza, actual abogado de Ollanta Humala y quien fuera ministro del interior y asesor de su gobierno
En la acusación fiscal de este caso también están aplicando derecho penal del enemigo, hay una desmesurada prevención ¿imputan de algún hecho o acto terrorista? ¡No! ¿Qué bien jurídico se ha lesionado? ¡Ninguno!, ellos especulan con lo que “podría” hacerse en el futuro, nos consideran una amenaza y hay que castigar, eso es aplicación del derecho penal de autor que viola el principio de legalidad. Hoy el Poder judicial ha creado una sala exclusiva para que se aboque al juzgamiento de los procesados en el caso MOVADEF, además dice que se realice el mayor número de audiencias por semana, en concreto ilegalmente lo que se busca es hacernos juicios sumarios. Para eso crean una sala exclusiva para un caso, cuando actualmente hay más de 85 mil presos sin sentencia en el Perú ¿no sería mejor que se busque agilizar los casos de estos 85 mil reos en cárcel entre los cuales debe haber inocentes? Pero como hay presión política de parte de los sectores más recalcitrantes que se encuentran en el poder, a quienes les es vendible y favorable atizar la patraña de “MOVADEF terrorista” para tapar los verdaderos problemas del país.
En la acusación fiscal a falta de tener hechos concretos que representen delito y juzgarlos, usan la teoría del indicio, es decir basado en conjeturas e inferencias, es así que actualmente se ha formalizado la acusación fiscal contra dirigentes y activistas del MOVADEF SIN HABER COMETIDO DELITO ALGUNO, hay un proceso penal abierto, proceso cuya imputación central es el de “pertenencia a una organización terrorista”, imputación forzada y armada para ilegalizar y encarcelar sin ley, A continuación refutamos algunos planteamientos de la acusación fiscal:
En primer lugar, el MOVADEF surgió para participar en la vida política, participar en las elecciones teniendo los siguientes objetivos: la Amnistía General y la defensa de los derechos fundamentales del pueblo.
Pero en la acusación fiscal el pedido de amnistía general que el MOVADEF ha acogido como necesidad del pueblo, de la nación y de la sociedad peruana, la convierten en delito. Aclaramos, la Amnistía que el MOVADEF plantea implica solucionar la situación de los detenidos involucrados por causales del conflicto interno, de ambas partes y no de una sola como se le imputa al MOVADEF en la acusación fiscal para crear argumentos de convicción en base a falsedades. Planteamiento de Amnistía que también está amparado en la Constitución peruana artículo 102, inciso 6, donde señala que “son atribuciones del Congreso ejercer el derecho de amnistía”, se contempla la amnistía también en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, en su artículo 6 inciso 5, se precisa que “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”, entonces el planteamiento político de la amnistía general por la cual brega el MOVADEF es constitucional, legal y está incluso en leyes internacionales, no es por tanto delito enarbolarla ni luchar por ella, sin embargo en nuestro país se persigue y buscan ilegalizar la lucha por la amnistía, para lo cual tendrían que cambiar la Constitución, hoy se persigue violando la Constitución, se persigue sin ley que los ampare.
El MOVADEF asume también la defensa de los derechos fundamentales porque con la aplicación del neoliberalismo (desde 1992), a las mayorías populares les han conculcado conquistas, derechos, beneficios y libertades democráticas, atentando contra su bienestar, por lo que MOVADEF se propuso servir a la democratización de la sociedad peruana y está contra la explotación capitalista porque afecta al pueblo y esquilma los recursos de la nación peruana. Los derechos fundamentales están en la Constitución en su capítulo I y si el Estado y sus instituciones se precian de democráticos deberían respetarlo y no violarlos como cotidianamente lo hacen en nuestro país, entonces, ni defender los derechos fundamentales del pueblo, ni bregar por la democratización de la sociedad peruana, ni una ni otra son delitos, tampoco lo es afirmar que se está contra la explotación capitalista, el hecho de que se cuestione el sistema capitalista explotador no significa que sea un acto terrorista, sino más bien es parte de la pluralidad de ideas que debe existir en un Estado democrático de derecho.
El MOVADEF por tanto no es una organización ilegal, ser miembro del MOVADEF no es delito, situación reconocida por el propio ex Ministro del Interior Carlos Basombrio que en su declaración de agosto 2017 señaló “lo digo con absoluta claridad no es ilegal pertenecer al MOVADEF, pero nosotros sí creemos que el MOVADEF es ilegal, el juicio caso Perseo es fundamental para la vida del país”, dijo también “Suscribo la tesis de la DIRCOTE. Deben ser procesados y detenidos en el marco de pertenencia a Sendero Luminoso, no [solo] por apología" 21/7/2017, entonces como no es ilegal, se propusieron ilegalizarlo para conjurar la actividad política de los marxistas, muy expresivo fueron las delirantes acusaciones levantadas en el marco de la última huelga magisterial, donde afirmaron que “se trataba de un plan del MOVADEF”, e iban a demostrar que “los infiltrados del MOVADEF eran los que promovían la violencia”, etc., etc. ¿Qué demostraron? ¡Nada!

Lo que quieren es criminalizar al MOVADEF y sus luchas, en ese afán desde el gobierno del hoy procesado Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza ideó el caso Perseo, caso armado por la policía política, tal como también lo confirma el señor Basombrio, es como dicen “su caso emblemático” y quieren sacarlo adelante a diestra y siniestra, por eso han venido presionando sistemáticamente al Ministerio Público, y hoy al poder judicial, violando la independencia de poderes. Las diversas declaraciones que a continuación mostramos prueban la presión política existente:
- “Hay un juicio que está desde el año 2013 y está demorando más de lo que quisiéramos, donde la acusación señala que el MOVADEF pertenece a Sendero Luminoso. Invocaría a los jueces a acelerar ese proceso”7/5/17.
- “No podemos bajar la guardia. Para mí es fundamental que los miembros del MOVADEF terminen en la cárcel. Y no por una actitud ideológica. Sino porque ellos cometen un delito más grave que el de la apología. Ellos son miembros de Sendero Luminoso”. 22/6/17.
- “ … MOVADEF tiene que ser ilegalizado, pedimos celeridad del juicio…” 6/8/2017.
- “Que el juicio Perseo llegue pronto. Será capaz nuestra democracia de responder a tiempo ¡Exijamos presteza!" 4/12/17.
“¿Qué fue del juicio Perseo / MOVADEF / Sendero Luminoso? Fiscal demoró eternidad en acusar pero ya lo hizo hace tres meses ¿Qué espera el Poder Judicial? ¿No es acaso un tema muy importante?” 06/03/2018.
Todas son declaraciones del entonces Ministro del Interior que prueban la persecución política, mientras el grave problema de inseguridad agobia a la población, él en abierta y clara injerencia política contraria a un Estado de derecho, ha venido presionando en función de la ilegalización del MOVADEF y sus luchas.
De la misma forma como parte de esta persecución política desde el ejecutivo al mando del señor Vizcarra se ha presentado un proyecto de ley para la celeridad del juzgamiento en delitos de terrorismo, proyecto violatorio de derechos fundamentales donde están retrotrayendo artículos del decreto legislativo 25475 que ya fueron declarados inconstitucionales el 2002 por el Tribunal Constitucional, estos artículos fueron dados en el año 1993 por el gobierno de Fujimori, en un contexto político totalmente diferente al que vivimos actualmente, lo que hay es un afán de distorsionar la realidad para infundir en el pueblo el temor y así aplicar leyes más restrictivas que empezaran a aplicar al MOVADEF pero luego las ampliaran al pueblo, como la realidad está mostrando.
En concreto, tal como se puede corroborar, el MOVADEF surgió para participar en la política peruana, participar en las elecciones sirviendo a la democratización de la sociedad peruana porque beneficia al pueblo, sus actividades han sido públicas, legales y no ha realizado acciones ni actos terroristas, MOVADEF NO HA COMETIDO DELITO ALGUNO.


Procesados en el Caso Perseo










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