Las últimas medidas económicas han llevado al alza del costo de vida, golpeando la escasa economíá del proletariado y el pueblo. Además hay un proyecto de ley del ejecutivo, para retrotraer el decreto legislativo 25475, que fue usado para la implementación de tribunales sin rostro, para juzgar a todo aquel que consideren “terrorista”, si a esto agregamos como se arman farsas de juicios contra comunistas como el caso Tarata para impedir la libertad de quienes ya cumplieron su pena, pues este caso ha sido ya juzgado y sentenciado, o los juicios contra los revolucionarios como el MOVADEF, pero han extendido esta persecución a la lucha del pueblo, ¿acaso no encarcelan a los que protestan reclamando sus derechos y contra la política neoliberal? Sin embargo las luchas del pueblo se seguirán expresando cada vez con mayor descontento y explosividad, en contraparte los que explotan en el país en función de defender su camino pondrán en marcha una dictadura abierta más autoritaria y negadora de derechos fundamentales y del pueblo.
Es así que en nuestro país, se viene aplicando el derecho penal del enemigo, es un derecho diferenciado que niega los derechos y garantías del acusado, a quien consideran “enemigo” y no ciudadano, hay una flexibilización de los principios del derecho, principalmente del principio de legalidad, hoy se viene legalizando la exclusión, empezaron contra los prisioneros políticos, siguieron los ex prisioneros a quienes se les niega el derecho a la reincorporación social, negándoles derechos políticos, sociales, laborales, también están los familiares a quienes se les niega el derecho de saber y enterrar a sus seres queridos, lo que hacen con el MOVADEF es otro ejemplo de exclusión ¿Acaso no han hecho y hacen campañas de desprestigio para que el pueblo nos rechace? Claro que sí, todos los días. La situación está en que la exclusión la van ampliando a otros sectores del pueblo, a los que luchan contra la explotación capitalista neoliberal, a dirigentes sociales que luchan por sus derechos, entre otros.
Con el caso “MOVADEF”, se pretende reavivar un contexto de guerra que ya no existe, de esa manera quieren justificar la punibilidad, la cuestión está en ver ¿Quiénes buscan eso? Y ¿Por qué? la DIRCOTE es una de los que propugna esto, porque busca justificar mayor presupuesto, y su propia existencia, pero no es solo eso, lo medular es que han inventado un “peligro permanente”, un enemigo a quien hay que destruir o tratar como un paria, ese enemigo es al que llaman “terrorista”, y los reaccionarios, los oportunistas, la prensa, se encargan de magnificar dicho supuesto peligro para desviar la atención del pueblo sobre temas centrales, como la inseguridad ciudadana, el abandono en que mantienen al pueblo por décadas, la propia corrupción enquistada en los máximas instancias del Estado, etc.
Esta es la base para los juicios que viene afrontando el MOVADEF, actualmente tres, sumado a 28 investigaciones policiales. Por ejemplo tenemos el juicio por apología contra nuestro secretario general, Abogado Manuel Fajardo y subsecretario general, abogado Alfredo Crespo. En este juicio se pretende sancionar con 12 años de prisión por dos líneas escritas en el periódico amnistía, donde dice: “El Dr. Guzmán es el más grande intelectual, filósofo, científico, marxista, leninista, maoísta de nuestra época”, pero si al contenido vamos, esta frase no exalta ni enaltece un hecho considerado terrorista, tampoco exalta o llama a la violencia, lo que expresa es una opinión sobre las características de una persona, se puede disentir de esa opinión, pero no justifica que se busque encarcelar por expresar una opinión. Es que aquí se aplica derecho penal del enemigo, nos niegan el derecho de expresión y opinión. Últimamente el Procurador y el Fiscal han recusado a los jueces de la sala que lleva el caso, porque dicen, “no han aceptado pruebas incautadas en el caso Perseo”, pero ¿cómo pueden ser aceptadas pruebas que ni siquiera han sido aún materia de juicio? Es que no les importa que se viole la ley ¿cómo pueden los representantes del Estado que deberían defender la ley, exigir que se viole la ley? Además ¿Dónde está el delito al plantear que el pueblo debe luchar por sus derechos fundamentales? Es que este Estado no quiere ninguna voz divergente, quiere que el pueblo esté sometido mientras lo ahogan en paquetazos, y más explotación ¿Es justo eso? No, por eso buscan encarcelarnos para acallar nuestra voz.
El caso que más propaganda ha tenido es el juicio que afrontamos derivado del operativo Perseo del 2014, este caso ha sido creado por Wilfredo Pedraza, actual abogado de Ollanta Humala y quien fuera ministro del interior y asesor de su gobierno
En la acusación fiscal de este caso también están aplicando derecho penal del enemigo, hay una desmesurada prevención ¿imputan de algún hecho o acto terrorista? ¡No! ¿Qué bien jurídico se ha lesionado? ¡Ninguno!, ellos especulan con lo que “podría” hacerse en el futuro, nos consideran una amenaza y hay que castigar, eso es aplicación del derecho penal de autor que viola el principio de legalidad. Hoy el Poder judicial ha creado una sala exclusiva para que se aboque al juzgamiento de los procesados en el caso MOVADEF, además dice que se realice el mayor número de audiencias por semana, en concreto ilegalmente lo que se busca es hacernos juicios sumarios. Para eso crean una sala exclusiva para un caso, cuando actualmente hay más de 85 mil presos sin sentencia en el Perú ¿no sería mejor que se busque agilizar los casos de estos 85 mil reos en cárcel entre los cuales debe haber inocentes? Pero como hay presión política de parte de los sectores más recalcitrantes que se encuentran en el poder, a quienes les es vendible y favorable atizar la patraña de “MOVADEF terrorista” para tapar los verdaderos problemas del país.
En la acusación fiscal a falta de tener hechos concretos que representen delito y juzgarlos, usan la teoría del indicio, es decir basado en conjeturas e inferencias, es así que actualmente se ha formalizado la acusación fiscal contra dirigentes y activistas del MOVADEF SIN HABER COMETIDO DELITO ALGUNO, hay un proceso penal abierto, proceso cuya imputación central es el de “pertenencia a una organización terrorista”, imputación forzada y armada para ilegalizar y encarcelar sin ley, A continuación refutamos algunos planteamientos de la acusación fiscal:
En primer lugar, el MOVADEF surgió para participar en la vida política, participar en las elecciones teniendo los siguientes objetivos: la Amnistía General y la defensa de los derechos fundamentales del pueblo.
Pero en la acusación fiscal el pedido de amnistía general que el MOVADEF ha acogido como necesidad del pueblo, de la nación y de la sociedad peruana, la convierten en delito. Aclaramos, la Amnistía que el MOVADEF plantea implica solucionar la situación de los detenidos involucrados por causales del conflicto interno, de ambas partes y no de una sola como se le imputa al MOVADEF en la acusación fiscal para crear argumentos de convicción en base a falsedades. Planteamiento de Amnistía que también está amparado en la Constitución peruana artículo 102, inciso 6, donde señala que “son atribuciones del Congreso ejercer el derecho de amnistía”, se contempla la amnistía también en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, en su artículo 6 inciso 5, se precisa que “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”, entonces el planteamiento político de la amnistía general por la cual brega el MOVADEF es constitucional, legal y está incluso en leyes internacionales, no es por tanto delito enarbolarla ni luchar por ella, sin embargo en nuestro país se persigue y buscan ilegalizar la lucha por la amnistía, para lo cual tendrían que cambiar la Constitución, hoy se persigue violando la Constitución, se persigue sin ley que los ampare.
El MOVADEF asume también la defensa de los derechos fundamentales porque con la aplicación del neoliberalismo (desde 1992), a las mayorías populares les han conculcado conquistas, derechos, beneficios y libertades democráticas, atentando contra su bienestar, por lo que MOVADEF se propuso servir a la democratización de la sociedad peruana y está contra la explotación capitalista porque afecta al pueblo y esquilma los recursos de la nación peruana. Los derechos fundamentales están en la Constitución en su capítulo I y si el Estado y sus instituciones se precian de democráticos deberían respetarlo y no violarlos como cotidianamente lo hacen en nuestro país, entonces, ni defender los derechos fundamentales del pueblo, ni bregar por la democratización de la sociedad peruana, ni una ni otra son delitos, tampoco lo es afirmar que se está contra la explotación capitalista, el hecho de que se cuestione el sistema capitalista explotador no significa que sea un acto terrorista, sino más bien es parte de la pluralidad de ideas que debe existir en un Estado democrático de derecho.
El MOVADEF por tanto no es una organización ilegal, ser miembro del MOVADEF no es delito, situación reconocida por el propio ex Ministro del Interior Carlos Basombrio que en su declaración de agosto 2017 señaló “lo digo con absoluta claridad no es ilegal pertenecer al MOVADEF, pero nosotros sí creemos que el MOVADEF es ilegal, el juicio caso Perseo es fundamental para la vida del país”, dijo también “Suscribo la tesis de la DIRCOTE. Deben ser procesados y detenidos en el marco de pertenencia a Sendero Luminoso, no [solo] por apología" 21/7/2017, entonces como no es ilegal, se propusieron ilegalizarlo para conjurar la actividad política de los marxistas, muy expresivo fueron las delirantes acusaciones levantadas en el marco de la última huelga magisterial, donde afirmaron que “se trataba de un plan del MOVADEF”, e iban a demostrar que “los infiltrados del MOVADEF eran los que promovían la violencia”, etc., etc. ¿Qué demostraron? ¡Nada!
Lo que quieren es criminalizar al MOVADEF y sus luchas, en ese afán desde el gobierno del hoy procesado Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza ideó el caso Perseo, caso armado por la policía política, tal como también lo confirma el señor Basombrio, es como dicen “su caso emblemático” y quieren sacarlo adelante a diestra y siniestra, por eso han venido presionando sistemáticamente al Ministerio Público, y hoy al poder judicial, violando la independencia de poderes. Las diversas declaraciones que a continuación mostramos prueban la presión política existente:
- “Hay un juicio que está desde el año 2013 y está demorando más de lo que quisiéramos, donde la acusación señala que el MOVADEF pertenece a Sendero Luminoso. Invocaría a los jueces a acelerar ese proceso”7/5/17.
- “No podemos bajar la guardia. Para mí es fundamental que los miembros del MOVADEF terminen en la cárcel. Y no por una actitud ideológica. Sino porque ellos cometen un delito más grave que el de la apología. Ellos son miembros de Sendero Luminoso”. 22/6/17.
- “ … MOVADEF tiene que ser ilegalizado, pedimos celeridad del juicio…” 6/8/2017.
- “Que el juicio Perseo llegue pronto. Será capaz nuestra democracia de responder a tiempo ¡Exijamos presteza!" 4/12/17.
“¿Qué fue del juicio Perseo / MOVADEF / Sendero Luminoso? Fiscal demoró eternidad en acusar pero ya lo hizo hace tres meses ¿Qué espera el Poder Judicial? ¿No es acaso un tema muy importante?” 06/03/2018.
Todas son declaraciones del entonces Ministro del Interior que prueban la persecución política, mientras el grave problema de inseguridad agobia a la población, él en abierta y clara injerencia política contraria a un Estado de derecho, ha venido presionando en función de la ilegalización del MOVADEF y sus luchas.
De la misma forma como parte de esta persecución política desde el ejecutivo al mando del señor Vizcarra se ha presentado un proyecto de ley para la celeridad del juzgamiento en delitos de terrorismo, proyecto violatorio de derechos fundamentales donde están retrotrayendo artículos del decreto legislativo 25475 que ya fueron declarados inconstitucionales el 2002 por el Tribunal Constitucional, estos artículos fueron dados en el año 1993 por el gobierno de Fujimori, en un contexto político totalmente diferente al que vivimos actualmente, lo que hay es un afán de distorsionar la realidad para infundir en el pueblo el temor y así aplicar leyes más restrictivas que empezaran a aplicar al MOVADEF pero luego las ampliaran al pueblo, como la realidad está mostrando.
En concreto, tal como se puede corroborar, el MOVADEF surgió para participar en la política peruana, participar en las elecciones sirviendo a la democratización de la sociedad peruana porque beneficia al pueblo, sus actividades han sido públicas, legales y no ha realizado acciones ni actos terroristas, MOVADEF NO HA COMETIDO DELITO ALGUNO.
